La Audiencia Provincial de Cádiz condena al dueño, a la directora y al veterinario de la Perrera de Puerto Real por maltrato animal
Plácido Gómez Muñoz, propietario de la perrera de Puerta Real, Manuela Andrade Noguera, directora y el veterinario, Estanislao Cuesta Romero son condenados por un delito de maltrato animal.
El Refugio denunció los hechos ante el Seprona el 15 de junio del año 2007 y se personó como acusación en el Juzgado nº 2 de Puerto Real, logrando que por primera vez en España se cierre una perrera.
Los animales recogidos por toda la provincia de Cádiz eran sacrificados con Mioflex, un paralizante muscular que era inyectado indiscriminadamente ocasionando a los perros y gatos recogidos una muerte lenta y agónica por asfixia.
El Juzgado de lo Penal nº4 dictó sentencia absolutoria, No contentos con dicho absolución desde El Refugio recurrió a la Audiencia Provincial de Cádiz.
Conocían y consentían el sufrimiento de los animales
Según consta en la sentencia de doce folios de la Audiencia Provincial de Cádiz: “conocían y consentían tales prácticas de sacrificio, Manuela Andrade Noguera, directora, Placido Gomez Muñoz, máximo responsable y administrador único y Estanislao Cuesta Romero como veterinario de la perrera de Puerto Real. La sentencia concluye que la aplicación del Mioflex tenía por finalidad abaratar y simplificar los sacrificios. Pero los tres condenados conocían y consentían que se producía una muerte agónica e insufrible”.
Plácido Gomez Muñoz, propietario, Manuela Andrade, directora y Estanislao Cuesta, el veterinario, maltrataron de forma consciente miles de animales que sufrían de forma agónica, que se retorcían, dando alaridos, orinándose al tiempo que se asfixiaban lentamente contrayéndose sus músculos por la aplicación de un paralizante muscular llamado Mioflex.
No solo conocían y consentían el uso de Mioflex, sino que podrían haber evitado su utilización.
La sentencia falla al propietario, la directora y, el veterinario de la perrera de Puerto Real como autores de un delito de maltrato animal a la pena de 3 meses y 22 días de prisión, y a la inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales durante un año. Se impone a cada uno de los condenados a un tercio de las costas procesales.
“Hoy es un día importante para la protección animal, llevamos once años esperando a que el dueño, la directora y el veterinario de la perrera de Puerto Real sean condenados por maltrato animal, y hoy lo hemos conseguido“, explica ilusionado Nacho Paunero, Presidente de El Refugio.
11 años de proceso
El Refugio denunció los hechos ante el Seprona el 15 de junio del año 2007, iniciándose un procedimiento penal en el Juzgado nº 2 de Puerto Real, logrando que por primera vez en España se cierre una perrera.
En la perrera de Puerto Real se recogían anualmente miles de perros y gatos, de varios municipios de la provincia de Cádiz. Los animales recogidos eran sacrificados con un paralizante muscular (Mioflex) que era inyectado indiscriminadamente ocasionando a los perros y gatos recogidos una muerte lenta y agónica por asfixia, que en la mayoría de las ocasiones puede durar varios minutos, durante los cuales el perro o el gato está absolutamente consciente hasta que muere asfixiado ya que afecta a los músculos respiratorios.
El horror en la perrera de Puerto Real, llevaba sucediendo durante años. Dicha perrera era una empresa que figuraba como sociedad limitada en el registro de sociedades y cuyo administrador único y dueño de la misma era Plácido Gómez Muñoz.
Según El Refugio en muchos casos, este tipo de empresas que recogen animales sólo buscan ganar dinero, mientras aparentan proteger a los animales, pero en ningún caso lo hacen.